El Gobierno de Javier Milei reformó este viernes la Ley de Inteligencia Nacional mediante un decreto que redefine competencias, reorganiza estructuras y otorga mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluida la posibilidad de que sus agentes aprehendan personas en situaciones determinadas.
Entre los cambios centrales, el decreto -firmado por el presidente y publicado el primer día hábil de 2026 en el Boletín Oficial- autoriza a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas de seguridad y establece que sus agentes podrán aprehender personas en determinados supuestos.
“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, dice la norma.
El texto oficial aclara, no obstante, que los organismos de inteligencia “no podrán cumplir funciones policiales ni de investigación judicial o criminal”, ni realizar tareas represivas, y precisa que el sistema tiene como finalidad la producción de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, en el marco de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Otro de los cambios centrales es la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional, un ámbito interinstitucional permanente bajo la conducción de la SIDE, destinado a integrar y coordinar la producción de inteligencia entre los distintos organismos del Estado.
En paralelo, se crea la Comunidad Informativa Nacional, integrada por organismos públicos que no producen inteligencia en sentido estricto, pero que generan información relevante para el análisis estratégico nacional en áreas como defensa, seguridad interior, relaciones exteriores, ciberseguridad y control de infraestructuras críticas.
La norma introduce además una diferenciación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como autoridad nacional en la materia bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
La Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con funciones específicas vinculadas a la obtención de inteligencia en el ciberespacio. Se dispone también la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y se asigna la producción de inteligencia estratégica militar a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
En un comunicado publicado este viernes en la red social X, la SIDE afirmó que la reforma busca “acotar, definir y clarificar con precisión” las competencias del sistema de inteligencia y alinearlo con “los más altos estándares democráticos y republicanos”.
La norma dictada por el Ejecutivo se remitirá a la Comisión Bicameral del Congreso para su tratamiento en sus próximos días, durante el período de receso parlamentario.
Fuente: EFE
