Tras la pausa generada por las elecciones municipales y comunales, los distintos espacios políticos retoman por estas horas las conversaciones para definir el reglamento de funcionamiento de la Convención Constituyente que comenzará el próximo 14 de julio en Santa Fe. La intención es que ese documento sea aprobado en la segunda sesión plenaria.

El oficialismo de Unidos, que contará con 33 de los 69 convencionales, viene trabajando en los aspectos organizativos desde hace semanas. En los últimos días, aceleró los intercambios con el resto de los bloques políticos a través de borradores del reglamento, que ya están circulando informalmente.

Dentro de ese esquema, gana fuerza la posibilidad de que el senador por San Cristóbal y titular del comité provincial de la UCR, Felipe Michlig, sea designado presidente del cuerpo. El consenso dentro de Unidos parece encaminado en ese sentido, aunque aún resta definir los otros cargos de conducción, como las vicepresidencias y las secretarías parlamentarias, clave para el funcionamiento interno.

En paralelo, las áreas administrativas de ambas cámaras legislativas trabajan en la preparación del Palacio Legislativo, que será sede de las sesiones durante los dos meses que durará el proceso. Desde Diputados y Senado ya se designaron responsables para acondicionar el recinto y garantizar la logística del trabajo parlamentario.

Otro punto en debate es la conformación de las comisiones, especialmente dos que tendrán un rol central: la Comisión Parlamentaria y la Comisión Redactora, que será la encargada de pulir los textos constitucionales. Aún no se conocen los nombres propuestos para conducirlas, aunque se anticipa una puja interna dentro del oficialismo, que reúne cinco espacios políticos (UCR, PS, PRO, UNO y CREO).

También se discute cuántas comisiones temáticas se crearán. Algunos sectores impulsan comisiones específicas para Derechos y Garantías, Organización del Estado, Participación Ciudadana, Educación y Salud. Desde otros espacios, como Activemos, se propuso avanzar en un ámbito de trabajo especial para abordar la autonomía municipal y la cuestión impositiva, temas que generan expectativa en sectores políticos, económicos y empresariales.

La semana pasada, referentes industriales nucleados en FISFE hicieron llegar sus propuestas, mientras que autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa mantuvieron reuniones con los distintos bloques para discutir el lugar institucional que tendrán ambos organismos en la nueva Constitución.

Además, se debate la posible reforma del sistema de selección y control de jueces, fiscales y defensores, aunque por ahora no hay una postura unificada sobre ese punto. En cambio, hay más coincidencias en cuanto a la reorganización del sistema municipal. Se trabaja en un esquema que eleve a las 365 localidades al rango de municipios, con división en categorías, mandatos de cuatro años y elecciones unificadas con los cargos provinciales. Para las ciudades de más de 20.000 habitantes, se mantendría la renovación parcial de concejos.

La Convención iniciará el 14 de julio con la jura de los convencionales y la elección de autoridades. Al día siguiente, se trataría el reglamento de funcionamiento y se habilitaría el ingreso de proyectos. La tercera sesión plenaria se realizaría varias semanas después, una vez que los textos estén listos para su votación. El plazo de trabajo se extenderá hasta el 14 de septiembre.