Más de 40 académicos y profesores de Derecho de diversas universidades argentinas han solicitado públicamente que Manuel García-Mansilla deje inmediatamente sus funciones en la Corte Suprema de Justicia, después de que el Senado rechazara su candidatura con 51 votos en contra, superando ampliamente el mínimo requerido constitucionalmente.

La declaración, firmada por destacados juristas como Daniel Rafecas, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Manuel Garrido y Roberto Gargarella, advierte que la permanencia de García-Mansilla «vulnera las garantías de los justiciables» y «compromete la legitimidad de la Corte Suprema como intérprete de la Constitución».

Los firmantes, provenientes de importantes instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), cuestionan específicamente el mecanismo de designación «en comisión» mediante decreto presidencial, argumentando que contraviene el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que exige aprobación del Senado con dos tercios de los votos.

«Por respeto a la Constitución Nacional y al derecho que juró respetar, el Dr. García Mansilla debe apartarse del cargo para el que finalmente no ha sido designado», señala la carta abierta.

El rechazo a García-Mansilla se produjo en la misma sesión donde también fue rechazado, aunque con menor margen, el pliego del juez federal Ariel Lijo (43 votos en contra y 27 a favor). El Gobierno nacional, que había oficializado la designación de García-Mansilla mediante decreto permitiendo su jura «en comisión», sostiene que podría continuar en funciones hasta noviembre, cuando finaliza el período legislativo.

Esta situación ha generado una controversia institucional que llevó al juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, a dictar una medida cautelar ordenando a García-Mansilla abstenerse de tomar decisiones en el tribunal, bajo apercibimiento de sanciones penales y/o pecuniarias.

Se espera que García-Mansilla presente una consulta formal ante sus tres colegas de la Corte Suprema para clarificar su estatus jurídico tras el rechazo del Senado, considerando que el máximo tribunal le tomó juramento «en comisión» el 27 de febrero pasado, en reconocimiento tácito al decreto presidencial de Javier Milei.