El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque fue citado a una audiencia en la que podrá defenderse de las acusaciones en su contra. La indagatoria fue establecida por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el marco de una investigación por presunto mal desempeño de sus funciones. La cita para su descargo fue fijada para el 17 de junio, y se estima que hacia fin de mes el plenario del Consejo podría avanzar en su suspensión, el retiro de fueros y el cumplimiento de una orden de prisión preventiva.
La acusación fue impulsada por el diputado nacional Álvaro González, con apoyo unánime de la comisión. En la causa se lo vincula con maniobras irregulares relacionadas con fondos secuestrados, vínculos con organizaciones delictivas y actuaciones judiciales presuntamente direccionadas.
Los cargos principales
Según el dictamen, hay tres hechos centrales que sustentan la acusación:
- Vínculos con el narcotráfico: Se señala una conexión entre Bailaque, el contador Gabriel Mizzau y el narcotraficante Esteban Alvarado, uno de los principales líderes criminales en Rosario. La acusación indica que el juez no se excusó en causas donde debía investigar al entorno de Alvarado, a pesar de su cercanía con uno de los involucrados.
- Maniobras judiciales para perjudicar a terceros: Se investiga la presunta coordinación entre Bailaque, el financista Fernando Whpei y el ex titular de la AFIP Santa Fe, Carlos Vaudagna, para armar una causa penal falsa con el fin de afectar a un empresario justo cuando iba a ser designado en un cargo relevante.
- Beneficios indebidos a un allegado: También se imputa al juez haber beneficiado procesal y económicamente a Whpei, con quien mantenía una relación personal estrecha. Se lo acusa de no haberse excusado en causas donde Whpei estaba implicado y de haber autorizado el desbloqueo de fondos judiciales —alrededor de 150 millones de pesos— a favor de una financiera vinculada al empresario. Parte de esos fondos provenían de la Cooperativa de Trabajos Portuarios San Martín, intervenida por corrupción.
Otros elementos de la acusación
El dictamen sostiene que Bailaque, entre 2013 y 2015, obstaculizó investigaciones claves sobre Alvarado al negar medidas de prueba fundamentales. Además, se documentaron viajes y vínculos personales que podrían haber afectado su imparcialidad, como encuentros sociales, viajes a Chile y un contrato de alquiler con Whpei.
El Consejo también lo acusa de haber interferido en causas ajenas para obtener beneficios indebidos para terceros, utilizando su rol como juez federal sin respaldo institucional legítimo.
Próximos pasos
El 17 de junio Bailaque deberá presentar su descargo. Si el plenario del Consejo de la Magistratura confirma las acusaciones, podría ser suspendido y se le retirarían los fueros judiciales. Esto permitiría ejecutar una orden de prisión preventiva emitida por el juez federal González Da Cruz en el marco de esta causa.
El proceso se enmarca en los artículos constitucionales y legales que establecen las causales de remoción de magistrados por mal desempeño.
